¿DEMOCRACIA O PLUTOCRACIA? por ALBERTO CORTÉS

Sábado 16 de julio 2016

Suele darse por sentado que un régimen donde las autoridades surgen del voto popular es por definición “una democracia”. Ateniéndonos a la etimología (“gobierno del pueblo”), la cosa es más compleja. En su origen, en Atenas (siglo V a.C.) sólo el 10 por ciento de la población tenía derechos políticos. En nuestro país, hasta 1947 las mujeres (medio padrón) no votaban. Y tanto aquí como en otros países, en algunos períodos históricos se exigió ser propietario para votar.

Adicionalmente: ¿puede considerarse “democrático” que un candidato gane una elección prometiendo programas que ya ha premeditado incumplir desde el principio como, por ejemplo, Menem en 1989?

Más preciso es entonces hablar de reglas “más democráticas” o “menos democráticas” para referirnos comparativamente a un mejor o peor reflejo de la voluntad popular, más que de “la democracia”, como habitualmente se hace y que lamentablemente sirve frecuentemente para denostar gobiernos que no son del agrado de los medios con poder suficiente para imponer calificaciones.

Aquí, como en gran parte del mundo, bastante lejos estamos de permitir al elector igual posibilidad de conocimiento de todas las voces postuladas para ocupar cargos.

El ciudadano común mayoritario accede a los muchas veces precarios elementos con que decide, por dos caminos: propaganda electoral y medios de comunicación masiva. Sólo en casos excepcionales, las redes sociales han llegado a impactar aún más, por ejemplo en España en 2004, cuando el Partido Popular trató infructuosamente de ocultar la autoría de los atentados del 11M a pocos días de las elecciones.

Esta situación no es exclusiva de Argentina. El ex precandidato a presidente de EEUU Bernie Sanders ha dicho: “¿Estamos cómodos con un sistema político estadounidense que está siendo dominado por un puñado de billonarios? ¿A quiénes estarán representando aquellos miembros del Congreso electos con la ayuda de billonarios? ¿Piensan ustedes que representarán a la clase media y a las familias trabajadoras?”.

Tampoco esto es ajeno a la corrupción: sobran ejemplos internacionales donde procesos generalizados de corrupción política comenzaron, fueron empujados por, o al menos utilizaron como excusa, la necesidad de reunir mucho dinero a cualquier costo como única forma posible de ser competitivos electoralmente.

Hasta hace unos años en Argentina, acceso a la TV y la radio en campañas estaba casi totalmente librado a las posibilidades de la billetera. La ley 26215/06 mejoró algo, asignando espacios gratuitos a todas las propuestas. Pero no en forma igualitaria, como se suele tergiversar, sino en mayor proporción a quienes sacaron más votos en elecciones anteriores. Una clara inclinación de cancha para dificultar fenómenos de renovación, legislado por los beneficiarios de ese status quo. Criterio similar, con la cancha más inclinada aún, estableció para distribución de aportes públicos.

Esto permitió que el elector común se enterara que están en la elección candidatos y partidos que antes ni siquiera habría notado. Lejísimo estamos de que pueda compenetrarse por igual de todas las propuestas.

¿Mayor o menor capacidad de financiamiento económico privado guarda relación con calidad de propuestas, honestidad, capacidad, etcétera? ¿Es realmente democrático un sistema donde la posibilidad de hacer conocer propuestas electorales está fuertemente condicionada por los apoyos económicos que tenga el candidato?¿Deberíamos hablar de “democracia”, o más bien de “plutocracia” (gobierno de los ricos) de formato democrático?

En Santa Fe la Ley 13461/2015 se rige por parámetros similares: da espacios a todos, pero privilegia las fuerzas tradicionales sobre las emergentes. En los hechos, al prohibirse adquisición de propaganda radial o televisiva fuera de la oficial, las billeteras abultadas derivaron a imponer presencia en carteleras y recursos en vía pública, prensa gráfica o las imaginativas formas con que se compra presencia en programas de radio y TV, burlando las prohibiciones legales.

En Rosario, la ordenanza 8324/2008 y su decreto reglamentario establecen que las empresas publicitarias cedan 25 por ciento de sus espacios callejeros para distribuirlos entre las listas oficializadas. Nunca se aplicó, en siete años de vigencia. Irónicamente, en una oportunidad, para reprochar a las agrupaciones políticas que pegaban cartelería en lugares no permitidos, las autoridades municipales invocaron esta norma, que ellas mismas deberían hacer cumplir. Cosa que nunca hicieron.

Cabe señalar que los proyectos de reforma política hoy en análisis, a nivel nacional, ni rozan esta problemática central.

Igualdad de oportunidades para el conocimiento por los electores de todas las propuestas oficializadas para una elección constituye una condición esencial para que un sistema pueda ser considerado realmente democrático. Por el contrario, que el conocimiento de algunos candidatos y/o propuestas quede supeditado al poder económico que las respalda constituye una gravísima distorsión que otorga a ciudadanos y empresas con peso económico muy superior al ciudadano medio el privilegio de influir en la vida política, con peso determinantemente mayor que el del común. Se agrega así, a la flagrante inequidad en la distribución de riqueza que caracteriza a Argentina, desigualdad en el ejercicio real de derechos políticos entre ricos y pobres.

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Alberto Cortés / Ex concejal – Partido Socialista Auténtico