JUNTOS A LA PAR

La paridad en las candidaturas debería discutirse en La Pampa. La permanencia de la discriminación contra las mujeres, entendida como un problema mundial, motivó la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (1979), y reinstaló en la agenda pública internacional la necesidad de que los gobiernos promuevan la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

JUNTOS A LA PAR

Las recomendaciones y plataformas de acción de las conferencias mundiales sobre las mujeres de Naciones Unidas (Nairobi 1985 y Beijing 1995) expresan los acuerdos a partir de los cuales los estados miembros se comprometieron a incorporar la dimensión género en el diseño de los procesos decisionales. Aunque lentamente, las acciones estatales se orientaron entonces a la adopción de medidas tendientes a superar la desigualdad de oportunidades entre los sexos, así como las situaciones de inequidad en la competencia electoral y en la distribución de recursos y posiciones.

La Constitución de la Nación Argentina, desde su reforma en 1994, garantiza en su Artículo 37 el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular “y de las leyes que se dicten en consecuencia”. Dispone que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio (tema éste que merece una discusión en otro momento) y establece que “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”.

Actualmente, en materia electoral, Argentina se rige por la Ley nacional 24.012, la llamada “Ley de Cupos” que plantea que el cupo femenino sea de un treinta por ciento de mujeres, que fue sancionada en 1991 cuando se hizo la Reforma Electoral Nacional.

Pero un cuarto de siglo después, el hecho de “que no haya igualdad en las listas contribuye a una sociedad que promueve una cultura patriarcal, inadecuada para los tiempos que vivimos”, han dicho en sus fundamentos las legisladoras porteñas, Virginia González Gass (PSA) y María Rachid (FPV), coautoras del Proyecto de Ley de Paridad en la Legislatura de esa ciudad. Y su apreciación es correcta, ya que las condiciones que dan lugar a la adopción de acciones afirmativas favorables a las mujeres en la política arraigan fundamentalmente en el predominio de una cultura donde el desempeño de la actividad política y el ejercicio del poder han sido históricamente masculinos.

Por otra parte, es un hecho innegable de la realidad que, en las base de toda la organización civil, son muchas más las mujeres que militan, trabajan, luchan, curan y educan que los hombres y, sin embargo, en el ascenso de la pirámide, la ecuación se invierte. Y es en ese marco real, que diversas organizaciones que luchan por la igualdad de género reclaman por la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a cargos representativos y órganos colegiados, lo que constituye una demanda por aquellos derechos que por razones sexistas siempre han dejado a la mujer al margen en los espacios de toma de decisiones.

Es que en la práctica, lo que establece la actual ley de cupo (24.012) que establece como mínimo un 30% de mujeres en las listas, ha sido utilizada desde su sanción, no como piso, sino como un techo para el acceso de las mismas a cargos representativos, por cuanto la resistencia de los partidos a ampliar los espacios políticos para las mujeres persistió aún bajo la vigencia de la ley de cuotas.

El principio de paridad es expresado en una norma que obliga a los partidos políticos a confeccionar las listas de candidatos con 50% de integrantes de cada sexo, ordenados en forma secuencial y alternada. Y este principio ha sido tema central de la labor de las organizaciones civiles y sus acciones en este sentido sirven para visibilizar un tema que debe ser debatido por todos, ya que la participación política de las mujeres ha sido relegada por los hombres, en el caso argentino, desde la sanción de la Ley Sáenz Peña, en 1912.

En la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Ecuador en el año 2007, los Estados participantes acordaron sobre la necesidad de incorporar en la región el principio de paridad entre los géneros (Consenso de Quito). Tres años más tarde, en 2010, se firmó el Consenso de Brasilia, con ocasión de la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe donde se reafirmó que el principio de paridad es un tema estratégico para la región. Comienza a construirse, de este modo, el consenso internacional respecto a la relevancia de la paridad en los procesos de fortalecimiento de la democracia y la fundación de sistemas políticos y sociales más inclusivos. Cuatro países de América Latina adoptaron la paridad política para cargos públicos representativos nacionales: Ecuador (2008), Bolivia (2009), Costa Rica (2009) y Honduras (2012).

Con algo de atraso, en Argentina el debate ha ido ganando terreno. Hoy se discute en la provincia de Buenos Aires y en la hoy autónoma ciudad capital de nuestra Nación supuestamente federal. En éste último respecto, y ante la posibilidad de su tratamiento en recinto, quién fuera la primera mujer Rectora del Colegio Nacional Buenos Aires, González Gass, sentenció: “creo que en este sentido la Ciudad de Buenos Aires está ante la posibilidad de lograr un avance muy grande en materia de igualdad de género”. Pero (siempre hay un pero), la Comisión de Asuntos Constitucionales de esa legislatura cuenta con una mayoría absoluta de diputados oficialistas del Pro, y ese sector político ya adelantó la preferencia de que la cantidad de mujeres en las listas la resuelvan los reglamentos internos de los partidos políticos.

Sería muy saludable para nuestra democracia que proyectos como el que impulsan las legisladoras mencionadas llegue a ese y a todos los recintos provinciales y se dé la discusión que corresponde, ya que las distintas experiencias de países como Ecuador, Costa Rica, Bolivia y parcialmente Honduras, y en las provincias argentinas de Córdoba, Río Negro y Santiago del Estero, respecto a la ley de paridad, fueron sumamente positivas en cuanto a la incorporación de mujeres en los cuerpos colegiados. ¿Y La Pampa?

Pero hay un hecho que no debe soslayarse: No basta ser electas, ya que las legisladoras también se enfrentan a diversos obstáculos para acumular poder en el interior de cuerpo parlamentario. Se ha destacado que algunas estrategias de empoderamiento son las bancadas femeninas y su articulación con la sociedad. Es que las bancadas de este tipo, que suponen acuerdos entre las legisladoras de diferentes partidos para la promoción de leyes, programas y políticas públicas orientados a la defensa de los derechos de las mujeres, potencian su efectividad cuando se articulan con los organismos de mujeres del estado y con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil.

Daniel Pérez Funes

Partido Socialista Auténtico

La Pampa

Publicado en http://www.planbnoticias.com.ar/v2/juntos-a-la-par-por-daniel-perez-funes/